LA VACATIO LEGIS

La suspensión aprobada por el pleno del Congreso de los decretos legislativos 1064 y 1090 se denomina “vacatio legis”, que literalmente significa “vacaciones de la ley”, es decir que una ley aprobada, promulgada y publicada no obliga por un tiempo determinado ni a las personas ni a las instituciones del estado. El “cúmplase” de la norma jurídica queda en suspenso. Generalmente las vacatio legis se usan para suspender por un lapso de tiempo la entrada en vigencia inmediata de una ley. A ello se denomina “vacatio legis original”. Sucede con leyes importantes, como por ejemplo el Código Civil. Fue publicado en Julio de 1984 y entró recién en vigencia a partir de Noviembre de ese mismo año a fin que los ciudadanos y sobretodo los operadores del derecho (jueces, abogados, órganos de auxilio) se “empapen” de la nueva norma. Puede suceder también una “vacatio legis territorial”, es decir una norma entra en vigencia paulatinamente en el territorio de la república. Es lo que acaece, por ejemplo, con el novísimo Código Procesal Penal, cuya implementación de inmediato en todo el país sería onerosa y también complicada. Es menos usual una “vacatio legis derivada” o a posteriori, es decir cuando se suspenden los efectos en el tiempo de una norma ya vigente. Esto último es lo que ha ocurrido con los decretos en cuestión. Lo curioso es que se trata de una “suspensión indefinida”, es decir por un plazo de tiempo incierto. Generalmente las suspensiones tienen fecha fija (por ejemplo un mes, dos meses), pero no un plazo incierto dado que produciría incertidumbre jurídica. Haciendo un símil es como tener en estado de hibernación a una persona: no está muerta, pero tampoco está viva plenamente. Es como estar en el limbo. Por ello es que las suspensiones tienen un plazo definido o por lo menos con una condición suspensiva (ejemplo: se suspende la ley hasta que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad o no). Esa certeza asegura a los afectados por la ley que la suspensión tiene un plazo de duración; pero, cuando se suspende indefinidamente cabe que se “la resucite” con otra ley que da por terminada “la hibernación” de la ley suspendida y la incertidumbre jurídica cundiría en toda la sociedad.

Como obviamente al suspender una ley existiría un vacío legal de la materia a ser regulada, nuestros legisladores, cuales demiurgos, han “resucitado” las leyes que ya fueron derogadas por los decretos cuestionados; o si se quiere en términos cristianos, las han traído del reino de los cielos, donde ya descansaban en paz, de vuelta a la tierra para que gobiernen el mundo de los vivos.

Por cierto, la técnica de la vacatio legis usada por los legisladores no es inconstitucional, pero por la forma es bastante atípica o inusual. Con ella han querido buscar una solución legislativa a un problema político-social, como fueron los trágicos sucesos de Bagua. Quizás lo idóneo hubiese sido derogar los decretos cuestionados; y como “resucitar” una ley ya derogada es poco ortodoxo y se presta a muchas interpretaciones divergentes, aprobar inmediatamente una nueva ley con el contenido de la ley primigeniamente derogada y, en el camino, irla perfeccionando consensuadamente con las partes en conflicto. Que el procedimiento es engorroso, es cierto, que al presidente de la república no le iba a gustar “derogar su decreto ley”, también lo es; pero, ese procedimiento hubiese otorgado más tranquilidad a las partes afectadas que una suspensión a tiempo indefinido, que no es una derogación propiamente pero tampoco es vigencia plena, algo así como “un Nosferatu legislativo” que anda por allí deambulando.
Eduardo Jiménez J.
ejjabogados@gmail.com
ejjlaw@yahoo.es